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Las sanciones que se aplican en Australia a quienes utilizan puestos destinados a personas con discapacidad

En el país oceánico se establecen altas multas a personas que utilizan ilegalmente los espacios de estacionamiento. Aunque las penalidades varían entre los territorios con montos que van entre los 100 y 600 dólares australianos, en todo el país se reconoce como una violación a la ley.

25 de Septiembre de 2018

Los espacios para el cuidado e inclusión de personas con discapacidad han mostrado significativos avances en todo el mundo, particularmente en Australia, donde a partir del 2011 se introdujeron nuevos estándares para generar cambios drásticos en los accesos desde y hacia los estacionamientos en edificios públicos y privados. Tales medidas son consideradas como avances dignos, equitativos, rentables y razonables. Más detalles de esta experiencia, a continuación.

Normas para la construcción de estacionamientos adecuados y uso de los espacios

El acceso y movilidad al interior de los estacionamientos en edificios son acciones que se encuentran claramente establecidas en la legislación australiana. Gracias a la introducción el 2010 de las Normas de Discapacidad en la Commonwealth, se dio lugar a una serie de cambios en las leyes del país oceánico sobre la forma como se ubican y despliegan los estacionamientos para personas con movilidad reducida.

De esta manera, la norma de Acceso a Instalaciones y Estándares en Edificios, incluida en la Ley de Discriminación a la Discapacidad, tienen como objetivo asegurar el acceso digno, equitativo, sin costos y razonablemente alcanzables para ingresar y desplazarse en los edificios. Pero también este marco regulatorio establece las estándares para una certificación de construcción que posibilite el libre desplazamiento de personas con discapacidad en concordancia con el Código de Acceso, establecido por la Constitución para el diseño de entradas y salidas de personas en espacios públicos.

Pero cuáles son esos nuevos requisitos que incorpora la legislación. En primer lugar que todos los espacios de estacionamiento tienen que extenderse 2,4 metros de ancho por 5,4 metros de largo demarcados con pintura amarilla antideslizante. Asimismo, este espacio dedicado para personas con discapacidad tiene que estar en el mismo nivel y sin que esté contiguo a áreas de alto tránsito como calles concurridas o autopistas. Tales estándares sirven de criterio para quienes construyan edificios o lugares con alta afluencia de público.

Sin embargo, la guía para conductores se encuentra en el Programa Australiano de Estacionamiento para Personas con Discapacidad (ADPS), que además de regular el mal uso de los espacios, determina quiénes son elegibles para un permiso de estacionamiento, a modo de unificar los más de 100 tipos de procedimientos que existían en el país antes de la promulgación de la ley. De igual manera, y debido a que Australia es un país federal, el plan asegura que los estacionamientos sean fácilmente reconocibles en todo el territorio.

No obstante lo anterior, es precisamente en el otorgamiento de los permisos de estacionamiento que este programa cobra relevancia, ya que es reconocido a nivel nacional y establece los criterios de elegibilidad. De esta manera, todos los gobiernos estatales y territoriales pese a ser los responsables de la aplicación de las normas, responden a la gestión del ADPS, a modo que todas las personas con discapacidad encuentren las mismas normativas en cualquiera de los territorios.

Multas a personas que estacionen ilegalmente en puestos destinados a personas con discapacidad

Si bien los estándares para la construcción y uso de los estacionamientos se establecen a nivel nacional, cada territorio tiene sus propias penalizaciones en cuanto al no cumplimiento de las normas. En el caso de Queensland las autoridades están preocupadas, pues en lo que va de año más de 140 personas han recibido multas por utilizar espacios designados para personas con discapacidad. El propio ministro de transporte Mark Bailey calificó este tipo de faltas como acciones arrogantes y reprensibles. Por tal motivo, las multas son de 261 dólares australianos, lo que sería un equivalente a 126 mil pesos chilenos. A esto se agrega que en el sistema australiano de puntuación reciben calificación de demérito, pues para muchos este hecho es más costoso que pagar una multa.

En el caso del Territorio Capital Australiano la situación ha sido similar, aunque reconocen que las medidas se han hecho necesarias debido al aumento de personas en situación de discapacidad, relacionadas principalmente con el envejecimiento de la población. De tal manera, los inspectores han intensificado su actividad en áreas vitales para las personas de la tercera edad como instalaciones médicas, centros comerciales en suburbios, entre otros. Es por ello que en septiembre de 2017 las multas por estacionar en un lugar exclusivo para personas con discapacidad, contempladas en la Ley de Infracción al Tránsito y Estacionamientos de Camberra, aumentó de 241 dólares australianos a 600, el equivalente a 290 mil pesos chilenos.

Proyecto para multar a infractores en Chile

El 5 de septiembre de 2018 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley 18.290 de Tránsito, específicamente en lo relacionado a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, si derecho a ello. Tal proyecto tiene como fin la eliminación de las contradicciones que surgen en la calificación del tipo de infracción a quienes utilizan indebidamente los estacionamientos destinados a personas con discapacidad.

Uno de sus autores es el diputado Francisco Undurraga, quien valoró la posibilidad de que se multen a aquellas personas que se estacionen en espacios reservados a personas con movilidad reducida. “Se trata de una acción egoísta que he vivido en primera persona y que tiene que ver con la utilización de los estacionamientos de personas con discapacidad utilizados por gente que no tiene ese tipo de limitaciones. Hoy la norma se contraviene en dos puntos distintos, entonces en uno lo deja como una pena menor y en otro como una pena mayor y lo que nosotros queremos hacer es anular la norma que señala que es una pena menor. Aquí lo importante, más allá de la sanción, es generar conciencia que estos espacios están destinados al mundo de la discapacidad y no tiene que ver con el valor del auto ni su tamaño, sino con el espacio que las personas tienen que ocupar y desarrollarse, porque las actividades que realizamos se ven truncadas cuando no podemos acceder a los lugares donde se realizan estas prácticas, ya sea en el comercio, en los lugares de trabajo, instituciones religiosas, etc”, señaló.

En relación al sentido de las sanciones, el parlamentario se refirió a la necesidad de crear conciencia. “Creo que aquí tenemos que -lamentablemente porque por la vía del convencimiento no hemos logrado una solución de este problema- endurecer las penas respecto de este tema. De acuerdo a la normativa actual en todo espacio público que reciba una cantidad mayor de personas debe considerar estacionamiento para personas con discapacidad, ahora bien, es importante que estos espacios no están en el último rincón del estacionamiento sino cerca de los accesos”, sentenció.

Tanto el caso australiano como el proyecto de ley en nuestro país, responden al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, de tener ciudades y comunidades sostenibles, específicamente con la meta 11,b de aumentar considerablemente el número de ciudades que implementan políticas para promover la inclusión.












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