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El país oceánico ha podido controlar las cifras de delincuencia gracias a una política centrada en dos pilares: acciones preventivas por parte de la policía y reinserción en la sociedad de los delincuentes jóvenes a través de programas familiares y de vinculación formal con el sistema educativo. Los detalles de esta experiencia en la siguiente nota.

Medidas de control antes que la reacción

Las tasas de delincuencia y cantidad de crímenes perpetrados en Nueva Zelandia son considerablemente bajos en relación a cualquier país de América Latina. Con poco más de 4,5 millones de habitantes, los delitos cometidos entre noviembre de 2014 y 2015 llegaron a 350.389 según cifras oficiales de la Policía de ese país, siendo el robo con intimidación el delito con mayor incidencia, con 119.323 casos registrados, equivalentes a 264 por cada 10 mil habitantes.

Un número más bajo obtuvieron los casos de robo e intento de robo en casas -con o sin moradores- llegando a los 2.140 casos, correspondientes a 4,75 por cada 10 mil habitantes. Los homicidios, por su parte, alcanzaron durante dicho período la cantidad de 66, lo que se traduce en 1,5 por cada 100 mil habitantes. Esta cifra contrasta con la tasa promedio de América Latina, donde se registran 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque Chile registra solo 3,1 en la misma proporción, siendo el país con la tasa más baja de la región.

Más aún, los datos entregados por la policía neozelandesa demuestran que la gran mayoría de los delincuentes capturados corresponden a actividades preventivas orientadas a reducir el crimen y la victimización, ya sea controlando 47.027 vehículos en la vía pública entre noviembre de 2014 y 2015, a través de patrullajes a pie, con 10.175 detenciones y 7.723 controles de puntos fijos en carreteras.

Sin embargo para el criminólogo estadounidense Howard Zehr, en su “Pequeño libro de la justicia restaurativa”, explica que las bajas tasas de criminalidad en Nueva Zelandia se deben a una política de prevención, orientada principalmente a los menores de edad. “El reconocimiento de derechos a los más jóvenes implica la existencia del debido proceso para ellos, requisito necesario para el cumplimiento de los derechos humanos. Esta función se logra gracias a los tribunales de menores dentro del sistema judicial neozelandés”, señala.

Delincuentes jóvenes, pobres y maoríes

La edad de responsabilidad penal en Nueva Zelandia es de 10 años, no obstante quienes tengan esta edad solo pueden ser declarados culpables de asesinato. De 12 años en adelante, los jóvenes pueden ser condenados por un delito con pena máxima de 14 años en prisión, mientras que aquellos con 16 años pueden ser transferidos a la justicia adulta dependiendo de la gravedad del delito.

Tal como sucede en nuestro país la mayoría de los delitos en la nación oceánica son cometidos por hombres. Según el reporte anual “Perfil Estadístico del Crimen en Nueva Zelandia” publicado en 2014, la policía detuvo ese año a 122.800 varones, cifra que se contrapone con las 33 mil mujeres durante el mismo período.

El mismo reporte señala que el crimen en Nueva Zelandia está sobre representado por personas de origen maorí, tanto en la realización de actos delictivos como en la victimización, pese a que esta etnia solo representa el 12,5% de la población general. De esta manera, el 42% de todos los casos criminales implican a una persona maorí menor de edad, situación que se ve reflejada en el 50% del total de la población carcelaria del país.

Penas orientadas a la rehabilitación

Los tribunales de menores han sido junto a las acciones preventivas de la policía uno de los principales pilares de la política contra la delincuencia. Esta institución, se diferencia de los tribunales para adultos por cuanto tienen reglas y sentencias diferentes. Un ejemplo de ello es que las audiencias son privadas y los jueces están capacitados para entender los problemas que enfrentan los jóvenes, además de sus diferentes orígenes y culturas.

El trato hacia los acusados tiene como primera medida el llamado a la familia directa para conversar en relación a los hechos. De esta manera el juez junto al acusado y su familia deciden cómo compensar a la víctima. Este tipo de solución se sustenta en que los jueces siempre tratarán de mantener al niño o joven en el contexto de su familia y en su comunidad.

Sin embargo, para Kaye McLaren, investigadora criminalística y autora del libro “La fuerza no es suficiente. Seamos inteligentes frente al crimen juvenil” el verdadero desafío con los jóvenes es su vinculación formal con el sistema educacional. “Todos los días las cortes se enfrentan con la realidad de que los delincuentes juveniles no son parte del sistema, no es una anécdota que el 80% no está comprometido con alguna forma de estudio. En la medida que los jóvenes se encuentran en una escuela y atienden clases, es mucho menos probable que se vean envueltos en crímenes, incluso si no tienen buenos resultados académicos”, expresa en dicha investigación.

De tal forma, los tribunales juveniles dictan sentencias en orden de que quienes hayan participado en delitos y no se encuentren estudiando, se comprometan con alguna forma de educación, es decir que si no son aceptados en escuelas secundarias, se puedan vincular con instituciones de educación alternativa como educación para adultos, educación a distancia, o liceos de capacitación para conseguir empleo.

Prevención del delito juvenil y medidas anti delincuencia en nuestro país

Respecto a las medidas recientes que se han adoptado para reducir la delincuencia en nuestro país, el diputado Matías Walker -quien además es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana- se refirió al Proyecto de Ley Agenda Corta Anti Delincuencia y comentó que debería ser aprobada en la Comisión de Constitución del Senado. “Hace aplicable las penas privativas de libertad a los reincidentes de los delitos que más afectan a la población, como el caso de los robos, hurtos y receptación. Hoy nueve de cada diez denuncias son archivadas por el Ministerio Público y solamente el 5% termina en condena. Entonces tenemos una sensación de impunidad que es necesario remediar aplicando condenas que puedan palear este tipo de delitos”, sostuvo.

En relación a la participación de jóvenes en la realización de crímenes, el diputado comentó que uno de los objetivos más importantes de esta ley es el tratamiento que se le da a los delincuentes primerizos y adolescentes. “No pueden seguir mezclándose con los presos mayores de 18 años, esto es algo muy relevante. Tenemos que avanzar en la reinserción de los adolescentes infractores de ley fortaleciendo el programa 24 horas, eso es fundamental. Este programa busca una idea semejante a lo que propone el caso neozelandés, ya que se hace cargo del entorno familiar de los jóvenes infractores de ley, preocupándose de que vayan al colegio y de las familias donde están, por eso es que se llama 24 horas. Tenemos que fortalecerlo porque no está presente en todas las comunas”, comentó.

Sobre la posibilidad de que los jóvenes sean vinculados formalmente al sistema educativo como una forma de reducir las probabilidades de delito, el congresista se mostró de acuerdo con el sistema neozelandés. “Me parece bien todo lo que vaya en la línea de la prevención, porque hay jóvenes que no trabajan ni estudian y por supuesto que tiene que haber una política orientada a ellos. En ese sentido la gratuidad en la educación superior va en esa dirección, sin embargo estamos al debe en rehabilitación, falta mucho por invertir en reinserción y rehabilitación”, sentenció.












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