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Australia es el territorio habitado más seco en el mundo. Su delicada situación, requiere de una política innovadora de gran escala, que implica una alta inversión y la reasignación del uso de una de las dos cuencas más importantes del país. En Chile, la polémica por la administración de ese recurso en manos privadas está en la contingencia política. Revisemos algunos detalles de la política pública australiana para responder a la creciente escasez del agua.

 

La inminente sequía que amenaza a Australia 

Que un estado llegue a la convicción transversal de que una reforma para el uso del agua es necesaria, implica un grado de dramatismo previo. Desde la llegada de los primeros europeos a Australia, las políticas del agua estuvieron marcadas por el objetivo del desarrollo económico y el crecimiento de la población, una visión que también se ha hecho tradicional en el caso chileno.

 

Hacia 1980, sin embargo, la creciente y acentuada escasez del agua en el continente australiano ya era un asunto de gobierno. Había que buscar un balance entre el uso del agua con fines económicos y el que necesita el medio ambiente para mantenerse saludable. En menos de un siglo, la extracción de agua de la cuenca Murray-Darling, una de las dos fuentes principales de agua en Australia, se había duplicado cinco veces. Al mismo tiempo, el influjo de agua había disminuido de 100 mil litros al año a menos de 6000.

 

En el 2002, el caudal del río Murray, una de las principales fuentes de la cuenca, era tan bajo que finalmente dejó de llegar al mar. En el 2008, un estudio demostró que 20 de los 23 ríos de la cuenca estaban en malas o severas condiciones. La sequía continuaba, los impactos del cambio climático y el crecimiento de la población, agregaron la presión necesaria para desarticular el delicado sistema de ríos de una de las principales cuencas del continente australiano.

Historia de una política pública del agua

La primera acción para una reforma del agua la tomó en 1994 el Consejo de Gobiernos de Australia, que estableció una reforma para enfrentar la degradación de las fuentes hídricas, mejorar la sustentabilidad y la eficiencia de la industria del agua. En el 2004, dos años después del impacto que generó la sequía del río Murray, se creó la National Water Initiative (NWI), en que todos los gobiernos de la federación se comprometieron a una gama de medidas que apuntaban a mejorar la eficiencia del uso del agua en Australia.

 

Bajo este acuerdo nacional se aprobaron varios cambios legislativos en la Commonwealth’s Water Act 2007, que permitían que el agua de la Cuenca Murray-Darling fuera administrada en concordancia con los intereses nacionales, y no ya de los privados. Este paso fue decisivo, ya que al recuperar la capacidad de priorizar sobre el uso del agua, el Estado australiano pudo desembolsar grandes sumas para llevar a cabo el ambicioso plan de hacer del agua un recurso sustentable, además de dejar la administración del recurso en manos de una única entidad que representa los intereses nacionales. Las medidas específicas para esta finalidad se concretaron en una enmienda del 2008, que aprobó de un presupuesto de 12.9 mil millones de dólares para solventar las distintas etapas del proyecto “Water for the Future” a lo largo de diez años.

  

 

Water for the Future

 

Tras la determinación del uso del agua de la Cuenca Murray-Darling de acuerdo a las necesidades nacionales, el Estado australiano asignó varios presupuestos estratégicos para revertir la situación de degradación y extinción de esa gran fuente de agua. El 50 por ciento de los 12,9 mil millones de dólares de Water for the Future, está destinado al arreglo y actualización de los sistemas de regadío. Se estimó que la pérdida gota a gota que generan los sistemas de regadío poco eficientes o en mal estado en ese país, era igual al consumo total de agua que tienen las grandes ciudades.

 

Otros casi 4 mil millones de dólares fueron destinados a la compra de derechos de agua. Tal como en Chile, los derechos de agua en Australia están permanentemente en manos de privados. De hecho, existen movimientos cívicos que demandan que la Constitución nacional finalmente determine al recurso hídrico como un bien público y no económico. En gesto de reciprocidad a esa demanda, la Commonwealth está comprando derechos de agua a privados y dando beneficios a los pequeños agricultores que decidan vender y cambiar su actividad agrícola a una que no requiera de un riego sistemático, sin la necesidad de que pierdan sus tierras en el proceso. Esos derechos de agua adquiridos por la Commonwealth son asignados a las necesidades medio ambientales. Lagos y ríos que han visto sus niveles de agua caer dramáticamente, afectando a la flora y la fauna, están siendo realimentados hasta llevarlos a un nivel saludable y sustentable. De esta manera, parte de los derechos de agua están quedando en manos del Estado como un bien público y bajo una sola administración.


Chile y Australia, la prioridad del Estado en el recurso hídrico

 

Para la diputada Cristina Girardi, una e las precursoras de la proyectada Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en el parlamento, el ejemplo australiano refleja al caso chileno a grandes rasgos. “Esa inversión que ha hecho Australia en términos de mejorar cómo se usan los recursos hídricos y evitar al máximo su pérdida, es válida cuando puedes también priorizar su uso, que es lo que creo que le falta al Estado Chileno”. Para la diputada, el Commonwealth’s Water Act 2007 de Australia, fue determinante, en tanto que representa “una especie de nacionalización del agua”, un paso que de alguna manera debería realizar el Estado chileno antes de realizar inversiones importantes en la optimización del uso y distribución del agua. “Si seguimos con la misma actitud frente al consumo y tratamiento del medio ambiente, el recurso se va acabar en 30 años más. Pasará lo mismo que pasó en Australia con la cuenca Murray-Darling. Hoy en Chile no es el Estado el que regula la utilización del recurso agua. Hay miles de pequeños agricultores que quieren acceder al agua pero no pueden porque están ocupados por las grandes empresas de la minería o las eléctricas, que tienen derechos de agua y no dejan que nadie más los use, y ellos si quieren los usan o no”, enfatiza la parlamentaria.

 
Aunque Chile se perfila como una nación rica en el elemento vital, su distribución geográfica no es equitativa. El Norte es una de las zonas más industrializadas y secas a la vez, mientras que el Sur cuenta con reservas gigantescas de agua dulce. A lo largo de la historia se ha propuesto de una u otra forma compensar esta desigualdad con acueductos. Sin embargo, las sensibilidades que este tipo de proyectos despierta en la población, hacen que Girardi desestime esta opción. “Tenemos que recuperar la priorización del recurso como Estado. Si simplemente vamos al sur a sacar agua, las comunidades del sur no van a estar contentas”. Para Cristina Girardi, el enfrentamiento entre Norte y Sur por los recursos hídricos implicaría una versión chilena de la ya largamente anunciada “guerra del agua”.

 

 

 

 













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