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Las reformas tributarias, como la propuesta por el gobierno en Chile, tienen por regla un matiz polémico y un alto costo político. Esta realidad es bien conocida por el presidente Sebastián Piñera y por su homólogo japonés, Yoshihiko Noda. Mientras Chile busca el equilibrio necesario a las puertas del desarrollo, Japón trata de reflotar la pesada deuda y el estancamiento económico que la consume, y ambas naciones han puesto la carta del alza de impuestos sobre la mesa.

 
Entre las metas más inmediatas de Noda, quien asumió como primer minsitro de Japón en septiembre del 2011, figura atacar al abultado déficit fiscal que ya ronda el 200% del PIB, la peor deuda de los países desarrollados. En ese escenario, el aumento de impuestos figura como una medida lógica, aunque impopular. Puntualmente, el proyecto de ley en cuestión pretende aumentar el impuesto sobre las ventas en dos etapas, de un cinco por ciento actual a un 10 por ciento en 2015. 


A este proyecto de reforma tributaria, Noda le pretende sumar un plan de austeridad estatal. Según Tomohiko Taniguchi, profesor de la Universidad de Keio, Tokio, una de las cartas del Primer Ministro es reducir el número de legisladores en el Parlamento y de los sueldos de los empleados de gobierno, dos peleas que tendrán una larga saga de eventos y contracorrientes y que probablemente no superen la profundidad de lo simbólico para la tercera economía del mundo.

 

El Parlamento, actualmente dividido en Japón, hace que sea difícil que Noda logre aprobar esta legislación, mientras que el tema de los impuestos ha dividido ya al Partido Demócrata gobernante. Sin siquiera discutir la viabilidad de estas propuestas, Noda está pagado duro por ellas, con un índice de popularidad por debajo del 40 por ciento. A este ambiente, se suma la creciente falta de confianza en el liderazgo político, en un país que ha visto a un nuevo Primer Ministro cada año durante los últimos seis años.

 

En el contexto Chileno, los ánimos están más fríos. Lejos de una situación crítica, la medida tiene varios orígenes, como el informe a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que se plantea que Chile necesita una mejor educación y reformas al sistema impositivo para reducir la pobreza y la desigualdad. Según la OCDE, se prevé un crecimiento de la economía chilena del 4% en 2012 y del 5% en 2013, mientras el país debe afrontar una reforma del sistema educativo, a la redistribución de la riqueza y al aumento de la productividad. El texto, subraya al mejoramiento de la educación como una solución estratégica, que junto al aumento de la competitividad de los mercados, sería necesaria “para impulsar la productividad y reducir las desigualdades”.


Según la economista Aída Caldera, una de las redactoras del último informe sobre Chile elaborado por la OCDE, dichas desigualdades responden en parte a que “el sistema impositivo hace muy poco para redistribuir la riqueza. A pesar del robusto crecimiento económico, la desigualdad ha sido muy persistente en los últimos veinte años”. Específicamente, los impuestos a la renta en Chile “afectan a muy poca parte de la población y la mayor carga impositiva llega a través de impuestos indirectos, que afectan a todo el mundo”, por lo que una reforma tributaria parece ser inevitable en el mediano plazo.












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