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Las garantías de igualdad entre trabajadores inmigrantes y nacionales en Australia son aseguradas por el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, una institución que además de visar el ingreso de la mano de obra extranjera, promueve el respeto de sus derechos establecidos en la Ley Laboral. Más detalles sobre esta institución y su Política de Trabajadores Extranjeros, en la siguiente nota.

Leyes claras para el cumplimiento de derechos y deberes

Australia es considerada por la OCDE como un país con bajas exigencias para los trabajadores extranjeros y el más abierto de la Commonwealth para atraer mano de obra calificada que pueda ejercer profesiones y servicios técnicos que son escasos o poco desarrollados en su territorio. Es también un país con una ley clara en cuanto a las garantías de igualdad jurídica en comparación con sus pares nacionales, igualdad que solo es reconocida en la medida que se tenga una visa de trabajo vigente, ya sea fija o temporal.

Según la Política de Trabajadores Extranjeros, pertenecientes a la Ley Laboral de Australia y administrada por el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, todos los trabajadores provenientes del extranjero que tengan sus visas, poseen derechos irrenunciables. “Incluyen vacaciones, posibilidades de estudiar, de ser defendidos por los sindicatos y poder acceder a otros tipos de visa dentro del territorio nacional”.

De igual manera, los empleadores de extranjeros que llegan a Australia, no pueden cancelar las visas de sus trabajadores. Según María José Rubio, socióloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, es importante que los trabajadores no solo cuenten con derechos sino también con deberes, condición que también deben cumplir quienes emplean a los trabajadores.

“Australia es un país donde suceden dos fenómenos interesantes, por una parte es un país alejado de los grandes centros de desarrollo, pero es también un país desarrollado que necesita obreros y profesionales para seguir creciendo. Esto se puede ver en los avisos que publican en todo el mundo donde invita a que las familias jóvenes se muevan hasta su territorio y construyan un nuevo hogar, por lo tanto sería incongruente que incentiven la migración y no tengan garantías de protección”, señaló Rubio.

Departamento de migración

Si bien Australia es un país con un fuerte apego a la legalidad, la legislación sobre el resguardo de los trabajadores extranjeros es competencia del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras. Esta institución, no solo lidera todas las políticas migratorias, sino que además administra programas específicos destinados a labores humanitarias que permitan insertar a los extranjeros en la sociedad australiana o dar asilo a perseguidos políticos o religiosos.

“El trabajador migrante o extranjero es un ciudadano más, no porque venga de un país X sus derechos pueden ser violados, sin embargo los abusos se dan en las prácticas laborales en todo el mundo y tanto a ciudadanos nacionales como foráneos, por lo tanto que exista una institución dedicada exclusivamente a velar por los derechos laborales de estas personas es un gran avance en cuanto a su vulnerabilidad social y legal” afirmó Rubio.

De esta manera, el Departamento Australiano de Inmigración se asegura de centralizar todos los procesos legales que permiten el establecimiento transitorio o definitivo de nuevos trabajadores. Para la socióloga de la Universidad Alberto Hurtado es importante que además las normas sean sencillas de entender y que todos los procesos se simplifiquen en un solo paso. “En la medida que los tramites se reducen a una sola institución y a una sola cita se evita el flagelo de los agentes informales, que cobran altas sumas de dinero a los inmigrantes que no entienden la burocracia local”.

Garantías de trabajo justo

Una vez que el trabajador extranjero está inserto en el sistema laboral australiano, sus responsabilidades pasan a ser las mismas que cualquier trabajador nacional, tal estatus de igualdad es garantizado por la Comisión de Trabajo Justo de Australia, que funciona como un tribunal responsable de mantener la seguridad y las condiciones mínimas para los trabajadores.

Esta comisión de carácter federal puede actuar en todos los estados del país y fiscalizar en cualquier momento sin necesidad de una orden judicial. Entre sus iniciativas principales está el establecimiento de garantías a todos los trabajadores, nacionales y extranjeros en el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de sus derechos básicos.

Garantías para el trabajador inmigrante en nuestro país

Para María José Rubio, es importante que además de una buena ley de migración exista una ley laboral que asegure la igualdad ante la ley, no solo de los chilenos sino de los trabajadores extranjeros. “Una normativa laboral moderna que no solo le de garantías de igualdad a los trabajadores inmigrantes, sino que permita crear una cultura legal de respeto y cumplimiento de las obligaciones”, señaló.

Sin embargo según la académica, la creación de una ley no basta para crear garantías de igualdad entre los trabajadores. “Tenemos que crear una cultura de justicia distinta que permita a los trabajadores extranjeros insertarse en la dinámica económica del país. Nuestra realidad muestra que la inmigración hacia Chile es de personas pobres que encuentran aquí su primer trabajo formal, por lo tanto el respeto de su condición no solo es responsabilidad del Estado sino también de los empleadores y de los sindicatos que hoy no tienen entre sus fines la protección del obrero extranjero”.

En consecuencia, para Rubio, la reforma laboral que se discutirá pronto en el Congreso debería tener un artículo que proteja los derechos básicos de los trabajadores inmigrantes. “La gran mayoría de los extranjeros no cuenta con instituciones que los proteja o represente frente a las autoridades o frente a sus compañías, por eso es que el respaldo que le pueden dar los sindicatos es importante y para eso es necesario que una buena ley laboral lo determine”, afirmó.












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