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Denuncias de la sustracción ilegal de agua en la provincia de Petorca y la solicitud de un fiscal con dedicación exclusiva han puesto en la mira el tema del robo del agua subterránea y su manejo. El caso de Australia, país con escasos recursos hídricos, puede servir como punto de comparación.

 

En 2011 la senadora Lily Pérez denunció el supuesto robo de agua en la provincia de Petorca, y entregó antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En tanto, en julio de 2013 llamó a nombrar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los mismos hechos. Esta situación -que se ha repetido en otras zonas- se ha agudizado debido a la sequía en algunas regiones de Chile y la menor disponibilidad del recurso.

 

Australia es el continente habitado más seco a nivel mundial y las fuentes confiables de agua se concentran principalmente en los tramos costeros, lo que lo hace especialmente susceptible al hurto de agua. De hecho, el Instituto de Criminología de Australia dedicó una sección especial a este tema en su reporte de 2010 de Crimen Medioambiental.

 

Según el informe, el “Robo de Agua” (Water Theft) cubre no sólo los cursos naturales de agua, sino también el robo desde tuberías. Este último aspecto considera ofensas como robo, incumplimiento de condiciones de extracción y construcción de obras para obtener agua ilegalmente, además de manipulación de medidores para entregar lecturas falsas y violar restricciones de agua.

 

La gestión del agua y su uso en Australia se rige por un amplio marco normativo, con hasta 150 planes reguladores en vigor en todos los estados y territorios, de los cuales el informe destaca diez. Entre los delitos establecidos están la toma no autorizada (sin una licencia) de aguas superficiales o subterráneas, la construcción no autorizada de presas y diques, la realización de perforaciones no autorizadas, la sustracción de agua para fines distintos a los autorizados, el superar la cantidad asignada a utilizar, y sustraer agua desde una fuente no especificada.

 

En los últimos años se han elevado las multas. En 2008, Nueva Gales del Sur introdujo la categoría de "conducta intencional, imprudente y temeraria" para diferenciar sanciones contra la captura no autorizada de agua, y al hacerlo, elevó tal acto a una ofensa de Nivel 1, subiendo las sanciones a las personas de 132,000 dólares australianos a  1,1 millones, con penas de cárcel de hasta dos años. En tanto, para corporaciones, la multa se elevó de 275.000 a 2,2 millones de dólares australianos.

 

En 2012 la prensa australiana destacó la gran cantidad de casos de robo de agua en la reserva del Monte Gnangara, en el estado de Australia Occidental, en la que se llegaba a extremos como atascar los medidores con caramelo derretido y ocultar pozos ilegales. Además, agricultores engañaban a los inspectores ocultando perforaciones adicionales bajo cobertizos o tuberías para eludir los medidores.

 

En ese entonces el Departamento de Agua de la reserva de Gnangara, que es principalmente usada por la población de Perth, indicó los 125 mayores usuarios de agua del área sobrepasaron sus derechos de agua en casi 5.000 millones de litros en los 12 meses previos al 30 de junio de 2011.












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