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Tal como su nombre lo dice, este organismo se encarga de optimizar las actividades productivas en todos los ámbitos de la economía nacional. Además de aportar en el diseño y evaluación de políticas públicas. Entre sus funciones está la supervisión del trabajo legislativo en las materias que le competen, pero también la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Una descripción de su institucionalidad y el análisis desde una óptica chilena en la siguiente nota.

Nació en 1962 bajo el nombre de Corporación Nacional de la Productividad como un proyecto realizado en conjunto con Naciones Unidas y su Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de crear un centro independiente que pudiera entregar directrices al gobierno sobre cómo mejorar la productividad económica, pero también aconsejar en cuanto qué políticas supervisar, además de aportar en el proceso legislativo.

Si bien, en un comienzo fue creada con un enfoque exclusivamente local, luego de la crisis financiera de 2008 la Corporación de Productividad de Malasia (MPC) dejó de ser independiente y comenzó a formar parte del Ministerio de Comercio Internacional e Industria, donde se le dio una orientación a la competitividad a nivel global. En la actualidad es el organismo más importante relacionado con el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, se encarga de proveer información tanto a actores públicos como privados sobre productividad con el fin de colaborar en la elaboración de políticas públicas, principalmente aquellas que generan recursos humanos o que aumenten la productividad. Es decir, que contribuyan a la creación de soluciones y a una buena administración de los recursos.

Sin embargo, la acción por la cual este organismo es más conocido, es por la labor de supervisión para el logro de buenas prácticas, tanto en lo comercial como en la industria y el Estado, con el fin de no afectar a los actores productivos más vulnerables, ya sean trabajadores como emprendedores. De esta manera, en la sección siete de la Ley A305 que sustenta el funcionamiento del organismo, se establece la competencia de reportar al gobierno sobre los progresos y problemas que presente la productividad, tanto a nivel comercial como industrial, pero a la vez de generar recomendaciones para solucionar los problemas.

Mejores prácticas para incrementar la competitividad

Malasia se proyecta como potencia económica en el largo plazo, por lo que su meta más que mejorar la productividad en sí, es situar al país en la categoría de economía de alta renta, establecida por el Banco Mundial. Para lo anterior, no solo es necesario que el ingreso per cápita supere los 12 mil dólares, sino también que las exportaciones de bienes y servicios aumenten su volumen actual. Para ello, requieren que más empresas incrementen su ingreso y comiencen a exportar, a modo de asegurar la balanza comercial favorable, que según cifras del Departamento de Estadísticas malasio se sitúa con un superávti de U$12.100 millones de dólares.

Durante el año 2015, la producción de las pequeñas y medianas empresas aportó un 35,9% al PIB y se espera que para el 2020 alcance el 42% en el mismo indicador, además de un 62% del empleo. Sin embargo, para la MPC la proyección de este crecimiento se daría solo si se logran dos condiciones. En primer lugar, que aumente la cantidad de empresas, pero también que estas tengan ingresos crecientes cada año. Para eso la Comisión establece como una de sus prioridades crear un contexto de competencia sana, tanto entre privados como en su relación con el gobierno. Es decir, que desde el Estado se posibilite la creación de empresas y su crecimiento, pero también que a través de organismos públicos se produzca una relación de cooperación con instituciones educacionales que permitan el desarrollo de recursos humanos y crear productos con valor agregado, lo cual es un objetivo fundamental en la política comercial del país asiático.

Una segunda condición para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas malasias es el aumento en la capacidad de exportación de esos productos con valor agregado. Para que se realice esta condición, la Comisión tiene a disposición de los emprendedores fondos de financiamiento y capacitación para exportar a países con los que se tiene alianzas, sin necesidad de comenzar a vender en el mercado doméstico.

En sintonía con la labor realizada por la Corporación de Productividad de Malasia, Bartolomé Rodillo, presidente del Consejo de Especialidad Industrial, del Colegio de Ingenieros de Chile, señaló que una buena institución de productividad debe promover buenas prácticas y metodologías que permitan un desarrollo sostenido. “La idea no es hacer grandes procesos de reingeniería, sino trabajar con las personas sobre la base de una mejor cultura para desarrollar mejor las actividades”, afirmó.

De igual manera, el experto agregó que para tener una institucionalidad ideal en temas de productividad, es vital que se produzca una alianza público - privada que de manera consensuada lleve adelante políticas e iniciativas comunes. “Es vital que las empresas y el Estado se adhieran en prácticas de mejoramiento continuo, pero también que se preocupen por desarrollar el recurso humano desde la etapa escolar, esto es básico para la formación profesional productiva, porque no se nace cuando comienza la universidad”, señaló.

En cuanto a las políticas más apropiadas para impulsar la productividad en las pequeñas y medianas empresas, Rodillo coincidió con la Comisión en Malasia en cuanto a la necesidad de generar valor agregado en los productos y desarrollar la innovación. “Hay factores importantes en la productividad que se pueden medir de dos maneras. En primer lugar, que con los mismos recursos se pueda producir más. En segundo, si con los mismos recursos se generan nuevos productos con valor agregado. Por eso creo que las Pymes deben ir pasando de la producción de commodities a agregar más valor a sus producciones. Si no se logra lo anterior, las empresas compiten por lo mismo y eso inevitablemente lleva a una guerra para abaratar los costos, por lo tanto hay que ver cómo producir con más horas de trabajo y reduciendo costos, por otro lado. Entonces ahí se generan incentivos perversos”, sostuvo.

Una comisión recién creada y una ley de pagos para generar más competitividad

En Chile desde el año 2015 existe una Comisión Nacional de Productividad que nació inspirada en la experiencia australiana. Esta institución consultiva de carácter autónomo, asesora al gobierno, ya sea a través de proponer políticas públicas, como de evaluarlas. Debido al poco tiempo de funcionamiento de este organismo, sería anticipada su evaluación de gestión, menos aún realizar un análisis comparado con su par en Malasia.

No obstante lo anterior, fue valorada positivamente por Bartolomé Rodillo, pese a que reconoce que hacen falta más esfuerzos. “Como iniciativa es estupendo, porque influye en la agenda del gobierno sobre temas de productividad, pero esta institucionalidad más que a una orientación económica coyuntural, debería adoptar una política de crecimiento y productividad a largo plazo, que sea parte del ADN del país de cómo ser más productivo. Para ello es necesario trabajarlo en los segmentos preescolares, de cómo hacer mejor las cosas, por ahí creo que va el factor de cambio. No es invertir en unas pocas capacitaciones a nivel de las Pyme para ser productivos de la noche a la mañana, esto tiene que ser una variable estratégica que el Estado de Chile, independiente del gobierno de turno, diga que tenemos que ser más productivo”, señaló.

Pese a que la existencia de este organismo, desde el Legislativo se han seguido impulsado iniciativas que apuntan a conseguir un mayor nivel de productividad en el país. Una de ellas es un proyecto de ley para promover el pago de bienes y servicios que provean las Pymes dentro de 30 días. Uno de los parlamentarios que introdujo este proyecto es el senador Iván Moreira, para quien esta medida podría mejorar la productividad de las empresas. “Es un proyecto de ley que queremos llevar adelante a través de una iniciativa legislativa encabezada por el senador Tuma, que tiene por objeto fijar un límite de pago de las facturas. No puede ser que las Pyme, que son símbolo del trabajo del 90% del trabajo que se da en Chile, tengan que vivir una situación abusiva por parte de las empresas más grandes, en el contexto de tener que pagarle facturas después de 120 días de entregada. Lo que queremos establecer es que haya una obligatoriedad legal del pago a 30 días, y si no fuese así se puede convenir con la empresa un pago en otra fecha, pero con un interés favorable a la Pyme que ha emitido la factura”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de que las pequeñas empresas de nuestro país puedan encontrar en un organismo de productividad como el MPC una institución que pueda articular sus demandas a favor de conseguir mejores condiciones de pago en el corto plazo, el congresista se mostró de acuerdo. “Este tipo de iniciativa legal que existe en varios países del mundo y es posible llevarlos adelante. Hoy las Pymes viven una situación extrema donde nosotros tenemos que iniciar un trabajo para permitir que ese emprendimiento pueda perfeccionarse en el tiempo en un plazo razonable, indudablemente a esos emprendedores los podremos ayudar a lograr un mayor crecimiento. Lo primero que haremos es crear la ley, después buscaremos un mecanismo a través de los órganos correspondientes que existen, pero que cuenten con el respaldo una ley que tenga que ser cumplida por el Estado y los empresarios”, puntualizó.












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