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Los recientes casos de abuso a niñas de 11 y 13 años por parte de familiares y que terminaron en embarazos han vuelto a poner en la agenda noticiosa el debate sobre el aborto terapéutico en Chile, prohibido desde 1989. El caso de Nueva Zelandia ofrece una oportunidad para ver su legislación y experiencia.

 

A nivel local, la presentación en la Cámara de Diputados en mayo de 2013 de un proyecto de ley sobre la “Interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas”, apunta a aplicar este método en tres casos: a patologías que hagan peligrar la vida y salud de la mujer, frente a malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina, y ante una agresión sexual.

 

En Nueva Zelandia, la interrupción del embarazo considera las opciones anteriores, aunque también contempla los embarazos en mujeres con discapacidad cognitiva. 

 

De acuerdo a un artículo de la Revista de la Asociación Médica de Nueva Zelandia de 2011, las condiciones para la prestación de servicios de aborto en dicho país están establecidos por el Código Penal (1961) y la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto (1977). 

 

De acuerdo a estas leyes, pueden ser terminados legalmente los embarazos que presentan un grave peligro para la vida de una mujer o de un grave peligro para su salud física o mental; los embarazos resultantes de incesto o relaciones sexuales con un tutor; los embarazos en mujeres con discapacidad cognitiva; y embarazos que presentan anomalías fetales. Para que el procedimiento sea aprobado, dos consultores de certificación del servicio de terminación de embarazos deben estar de acuerdo por separado en que las circunstancias de la mujer se ajusten a los criterios legales, algo similar que ocurría en Chile ante de 1989. 

 

A diferencia de Australia y los EE.UU., Nueva Zelandia ofrece estos servicios de forma gratuita a sus ciudadanos y residentes. En tanto, de acuerdo a datos del estamento oficial de estadísticas de Nueva Zelandia, las tasas de aborto alcanzaron en 2012 su punto más bajo en los últimos 17 años, con 14.745 casos. En 2011 la cifra fue de 15.863, en 2010 el número llegó a 16.630, mientras que en 2009 se registraron 17.550 casos.

 

Según la información, una de las razones de la baja, según la ONG neozelandesa Family Planning, se debería a una mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos. De estos el más popular es el implante Jadelle. Subvencionado desde 2010, consiste en una capsula del tamaño de un fósforo que se inserta en el antebrazo, y libera una hormona para prevenir el embarazo por cinco años.

 

Para el diputado Juan Luis Castro, uno de los miembros de la Cámara que apoyó el  proyecto de “Interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas”, el hecho fundamental es que el aborto terapéutico está suscrito en Chile, y por ello el proyecto apunta a su despenalización en tres categorías. 

 

A su vez, señala que casos de embarazos productos de abusos como los que han impactado a la opinión pública, llevan a incrementar la presión para cambiar la legislación actual. “Sin duda esto sensibiliza a la opinión pública. Hay un mejor ambiente que así se ha expresado en sectores políticos que antes rechazaban (el aborto terapéutico) y ahora se sienten disponibles para poder legislar en virtud de la gravedad de estos casos”.












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