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Las condiciones de reserva que requiere la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) están siendo cuestionadas desde distintas asociaciones gremiales y ONGs por la ausencia de una discusión pública abierta. Si bien la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien lleva a cabo las negociaciones ha respondido oportunamente a las críticas, los cuestionamientos van más allá, apuntando a los efectos negativos que su aprobación podría traer al acceso público a la información.

 

 

El proceso de aprobación del TPP se encuentra en una fase inicial de discusión parlamentaria, que no ha estado exenta de controversias por las posibles consecuencias que traería la firma, en temas como la homologación de los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de restricciones a los contenidos en Internet.

 

La discusión del tratado plantea a su vez otros temas como las certificaciones de origen, obstáculos técnicos de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios financieros, propiedad intelectual, medioambiente, derechos laborales y las patentes industriales para medicamentos.

 

La fase inicial de estas discusiones parlamentarias, se da específicamente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde el martes 30 de julio se realizó una audiencia a la que asistieron funcionarios de Direcon y diversos representantes de ONG, fundaciones y asociaciones gremiales relacionadas con el acceso a la información como el Colegio de Bibliotecarios de Chile AG. A esta instancia, se suman reuniones informales efectuadas entre la directiva de Direcon y la Comisión de Hacienda del Senado.

 

Críticas a la confidencialidad

 

Las reuniones entre Direcon y las comisiones parlamentarias se han realizado a puertas cerradas, formato que ha despertado desconfianza en el interior del propio Congreso y desde diversos sectores políticos involucrados en la discusión, principalmente en las Asociaciones Gremiales y ONG.

 

La idea de abrir la discusión ha sido planteada por los propios senadores al Ministerio de Relaciones Exteriores, sugiriendo que no solo el trabajo en comisiones debe transparentarse a la ciudadanía sino también hacia el parlamento, ya que las instancias de información hasta el momento han sido escasas.

 

Ante esta situación el senador Andrés Zaldívar señaló que han requerido al Ministerio toda la información. "Hemos tenido reuniones con su encargado en la Comisión de Relaciones Exteriores y también en la Comisión de Hacienda y creemos que debe hacerse con la mayor información, sobre todo porque el Parlamento va a tener que pronunciarse cuando llegue cualquier tratado sobre la materia"

 

Respecto a los tiempos en la información, el senador Zaldívar manifestó su interés en que se haga pública en los momentos que se producen las discusiones, ya que la desinformación podría ocasionar problemas con actores interesados. "La información tiene que ser permanente, a cada instante y en cada avance, porque si no después puede atenerse a una dificultad que podría llegar a ser insuperable. Es un error si no se hace", afirmó.

 

Desde una perspectiva gremial y en relación con el acceso a la información pública, Josefina Reyes consejera del Colegio de Bibliotecarios de Chile AG “es impresentable el nivel de secretismo de las reuniones, sobre todo cuando se busca potenciar la figura del dominio público en la sociedad civil en los tratados”.

 

En relación al formato de las discusiones, Reyes agrega que “si bien Direcon nos ha invitado permanentemente a las charlas y reuniones, de todas maneras han quedado al debe con nosotros, en cuanto a la información de los acuerdos”, puntualizó.

 

Ante las críticas, el director de Direcon, Álvaro Jana, dijo entender que hay aspectos que generan interés de la sociedad civil. "Es por ello que a través de reuniones regulares y continuas, compartimos con diferentes instancias para efectos de informar sobre el curso de la negociación y recibir sus inquietudes respecto al proceso”, señaló.

 

Sin embargo, Jana agregó que como toda negociación comercial internacional, el proceso está sujeto a condiciones de confidencialidad, lo que implica que los textos tienen un carácter reservado. "Una vez firmado será de carácter público, por lo que se podrá conocer su contenido", concluyó.

 












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