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La incitación al odio racial o religioso es un crimen bajo la ley australiana, que mediante la Racial and Religious Tolerance Act del 2001 castiga a quienes distribuyan material, realicen discursos y publiquen sitios en Internet de corte racista. En el contexto de un proyecto de ley presentado por la senadora Lily Pérez, que busca condenar en Chile este tipo de prácticas, revisamos la normativa de Australia, que contempla penas de hasta 6 meses de cárcel y multas millonarias.

La ley australiana

En septiembre de 2002, Australia fue testigo del primer condenado por un delito de odio racial en Internet en su territorio, luego de que el Consejo Ejecutivo de los Judíos de Australia acusara a Fredrick Toben de crear un sitio web que negaba el Holocausto, sugería que las cámaras de gas de Auschwitz eran una invención y que algunos judíos habían exagerado el número de asesinados durante la Segunda Guerra Mundial para sacar provechos económicos. El tribunal, junto con ordenar que el demandado eliminara el material ofensivo de Internet, lo entregó a la justicia de Alemania, desde donde se le solicitó por el mismo caso, terminando encarcelado.

Sin embargo, si Toben no hubiese sido requerido por los tribunales alemanes, bien podría haber sido juzgado en el estado australiano de Victoria por la Racial and Religious Tolerance Act (Ley de tolerancia racial y religiosa).

Dicho cuerpo legal tiene dos propósitos principales:
  • Promover la tolerancia racial y religiosa, al prohibir los actos relativos a la denigración de las personas por motivos de raza o creencias o actividades religiosas.
  • Proporcionar un medio de reparación para las víctimas de discriminación racial o religiosa.
Esta normativa sostiene que "una persona no debe, por razón de la raza o religión de otra persona o grupo de personas, participar en una conducta que incite al odio, grave desprecio, rechazo o al ridículo contra esa otra persona o grupo de personas". La ley estipula también que participar en este tipo de conductas incluye el uso de Internet o e-mail para publicar o transmitir declaraciones o cualquier otro material.

Además, se considera "delito de denigración racial o religiosa grave" cuando "una persona participe intencionalmente en una conducta en la que conoce que es probable que se incite al odio contra una persona o grupo de personas, o cuando realice amenazas o incite a otros a poner en peligro o daño físico hacia a un individuo, grupo de personas o la propiedad de la otra persona o 'clase' de personas".

Por otra parte, tras una acusación de este tipo, los jueces están capacitados para adoptar órdenes de allanamiento para buscar pruebas en el inmueble, lugar de trabajo o vehículo del denunciado. De constatarse que el acusado incurrió en algunas de estas prácticas se le multará con 51.000 dólares australianos (unos 23 millones de pesos chilenos) y se le aplicará una sanción de cárcel de 6 meses.

El proyecto chileno

Hace pocas semanas la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución.

La iniciativa identifica como responsable de delito de incitación al odio "a el que por cualquier medio de difusión pública exteriorice una opinión discriminatoria, para mover al odio expresado en la violencia en contra de colectivos vulnerables". Además, al igual que ocurre en Australia, se castigará a quien "realice publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad".

Asimismo, el texto legal incorpora la pena para quien "cometa un delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca". En todos estos casos la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir entre 61 días a 3 años y multas de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales (entre dos y cuatro millones de pesos chilenos).

Durante la discusión del proyecto también se han aclarado las diferencias que existen con la Ley Antidiscriminación. "Discriminación e incitación al odio, si bien pueden verse relacionados, van por líneas distintas. La discriminación atenta contra el principio de igualdad, y el proyecto que la aborda busca crear un mecanismo procesal similar al recurso de protección, con penas de multas, de no repetición y otras, pero no contempla una sanción penal. La conducta de incitación al odio racial o religioso es diferente y es muchísimo más grave (...) ya que es perfectamente posible que mediante discursos públicos o por medios de distintas vías comunicación social se incite al odio y esto se traduzca en ataques físicos o muerte de personas", aseguró en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Ciro Colombara.

A juicio de la senadora Lily Pérez, legislar respecto a esta materia es de absoluta urgencia. "En Australia afortunadamente la ley llegó sin que tuviera que ocurrir un crimen a causa de una incitación al odio, como ocurrió en Chile con la ley antidiscriminación (Ley Zamudio). De verdad espero que no tenga que ocurrir lo mismo para que se acelere la discusión de esta ley, que llega más de 10 años de tardanza respecto a los australianos y que viene a castigar, al igual que allá, cualquier conducta que incite al odio racial o religioso, con penas bastante altas".

Además, la parlamentaria valoró la normativa australiana, calificándola de ejemplificadora y completa. "Nosotros también buscamos detener estas prácticas mediante una pena efectiva de cárcel y una multa elevada. Queremos dejar en claro que quienes cometan este tipo de delito no solo tendrán que pagar sumas que pueden alcanzar los cuatro millones de pesos, sino que además se exponen a pasar hasta tres años tras las rejas", añadió.

La congresista también recordó su experiencia en relación al tema, ya que durante su campaña senatorial fue víctima de amenazas y persecución -motivadas por su condición de judía- por parte de uno de los líderes del movimiento nazi de la Quinta Región, que hoy se encuentra condenado. "Tengo la convicción, especialmente después de lo vivido, de la necesidad de regular esta materia y con ello evitar que se produzcan este tipo de conductas, pues nada justifica las expresiones de provocación al odio", concluyó.











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