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Luego de que un mega incencio azotara a la ciudad de Melbourne y dejara a miles de personas damnificadas, el año 2009 el gobierno australiano formó una comisión especial a la que le encomendó que además de evaluar los daños, proponga soluciones y medidas preventivas. Conocida como la Comisión Real del Incendio de Victoria, entregó una serie de recomendaciones que hoy, entre otros organismos de gobierno, gestiona el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario. Una revisión de esta experiencia y las principales medidas, a continuación.

La huella del “Black Saturday”

Al igual que Chile, Australia ha sido un país de grandes incendios forestales. El 7 de febrero de 2009 el estado de Victoria tuvo el siniestro más impactante en su historia. Conocido popularmente como el "sábado negro", arrasó con 405 mil hectáreas, 1.800 casas y 189 personas fallecidas. Este saldo le valió convertirse en uno de los eventos más catastróficos del mundo, a tal punto que el humo generado por los múltiples incendios cruzó el mar hasta llegar a Nueva Zelandia.

Esta catástrofe se produjo mientras una ola de calor azotaba a la región, con las temperaturas más altas desde que comenzaron a realizarse los registros 150 años atrás. La respuesta a este hecho fue inmediata por parte del gobierno, empresas y organismos de ayuda quienes, entre otras acciones, consiguieron importantes sumas de dinero para ayudar a los afectados. Solo el gobierno federal entregó un monto de 10 millones de dólares, donde cada adulto recibió mil.

Casi de inmediato el gobierno comenzó las investigaciones respecto a las causas de los incendios y sus responsables. La policía estableció que los sitios afectados tendrían el mismo tratamiento que una escena del crimen. A pesar de que pronto arrestaron a una persona por tener implicaciones en los incendios de Narre Warren, por el manejo de una herramienta eléctrica, estudios realizados después del hecho determinaron que las causas podrían ser otras.

Uno de ellos fue el realizado por la Universidad de Macquaire. Los incendios se produjeron por la gran sequía que vivía el país y a las altas temperaturas durante el mes de febrero. De igual manera, una Comisión Real sobre los Incendios en Victoria –conformada exclusivamente para la investigación- consideró en uno de sus estudios de diagnóstico que los incendios forestales tendrían relación con el cambio climático y las condiciones favorables para la rápida propagación del fuego.

Independientemente de las variadas razones que originan los incendios, el gobierno de Victoria recogió los argumentos de uno de los debates generado por el estudio de la comisión real sobre el tipo de planificación urbana que necesitan las ciudades y los códigos de construcción de viviendas para prevenir la propagación destructiva de los incendios, principalmente los forestales. La consecuencia de lo anterior fue una nueva regulación para las normas de construcción de nuevos edificios en dicho territorio, donde la capacidad de resistencia supere los 800 grados Celsius, ya que un incendio forestal puede alcanzar los 1.300 grados.

La misión es evitar la propagación

Las recomendaciones de la comisión real fueron recogidas por el gobierno, quien mediante su Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario, determinó que todos los incendios forestales comparten una característica común. Todos los hechos ocurridos presentaron una rápida propagación, ya que cuando el incendio alcanza el punto de ignición no se puede contener. Esta característica se debe a que las áreas boscosas producen columnas de combustión que se potencian por las condiciones climáticas y la topografía.

En vista de las dificultades para controlar este fenómeno, la Comisión reconoció la responsabilidad compartida entre los ciudadanos, bomberos, gobiernos locales y central, en la preparación para estos siniestros. El objetivo principal de esta preparación es la seguridad de las personas y la preservación de la vida humana.

La primera de las medidas adoptadas por el Departamento de Planificación fue la optimización de espacios públicos como calles y parques para una evacuación ágil. Con el establecimiento de rutas de emergencia para el desplazamiento de personas, se logra además un mejor ingreso de los cuerpos de rescate y combate del fuego.

La segunda medida fue la delimitación de estaciones de servicio y cualquier otro tipo de industria que maneje materiales altamente combustibles. Mediante criterios de planificación urbana, aquellas actividades productivas que manipulan elementos inflamables no podrían emplazarse cerca de bosques ni de las zonas consideradas de alto riesgo.

De igual manera, próximo a estas áreas todos los edificios deberán construirse proporcionalmente según los estándares de control de riesgo de incendios, es decir, con dimensiones y materiales adecuados. Eso significa que la cantidad de personas en dichas edificaciones debe ser reducida en relación a la cercanía con las zonas de peligro y los materiales utilizados en su construcción deben tener la capacidad de soportar altas temperaturas.

Por último, dentro de las opciones de respuesta se encuentra el establecimiento de refugios públicos donde las personas evacuadas puedan acudir durante las emergencias, como escuelas.

Si bien estas medidas no previenen los incendios forestales, según la Comisión, sí reducirían su impacto catastrófico en las ciudades, ya que resolverían los problemas más importantes evidenciados durante el llamado "sábado negro".

Los desafíos para controlas incendios en la realidad chilena

Luego del incendio ocurrido en la ciudad de Valparaíso el 2 de enero de 2017, se volvió a poner en el tapete de la discusión pública cómo prevenir este tipo de siniestros. Parte de ella fue adelantada años antes cuando el Senado estableció una Comisión Especial, constituida a raíz del incendio de abril de 2014, también en la ciudad puerto.

En aquel entonces dicha comisión desarrolló un informe donde se establecieron algunos criterios específicos, como el control de eucaliptos, limitar las construcciones paralelas, además de hacer un llamado a las escuelas de ingeniería y de derecho de las universidades porteñas para que hagan propuestas de diseños urbanos que permitan un mejor emplazamiento de las viviendas.

Una de las personas que ha conocido de cerca el emplazamiento de las construcciones en Valparaíso y sus riesgos es Isabel Barrera, ingeniera en construcción y consultora en prevención de riesgos de la construcción. Para ella el problema de los incendios forestales y su traspaso a las ciudades es un fenómeno que podría prevenirse desde distintas acciones. “Medidas de prevención hay muchas, sobre todo desde la planificación que pueda realizar la Municipalidad, sin embargo considero que lo principal es la educación de la comunidad para que tengan conductas adecuadas con el entorno próximo a sus viviendas como, por ejemplo, no tirar basura inflamable, arrojar cigarros encendidos, apagar mal las fogatas, etc. Cumpliendo con estas medidas se pueden reducir los riesgos accidentales”, señaló.

Respecto a las medidas de planificación urbana para la construcción de viviendas, la experta se mostró de acuerdo con lo realizado en Victoria. “Se pueden hacer muchas más regulaciones, sobre todo acciones que vengan desde las autoridades. Por ejemplo la construcción de zanjas en la zonas forestales y muros cortafuegos para el gran número de construcciones, pero también que el tendido eléctrico y la infraestructura del agua se mantengan en buen estado”, añadió.

De igual manera, sobre la posibilidad de construir viviendas con materiales más resistentes, Barrera coincidió con las medidas adoptadas en Australia. “Es importante que las casas sean más sólidas, pero a aquellas que son de madera -material más usado en Chile- se les pueden hacer tratamientos cortafuegos, principalmente a las techumbres. Estos criterios podrían implementarse en todas las viviendas cercanas a bosques o zonas forestales”, sentenció.












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